La Agencia Tributaria anunció en octubre de 2014 una revolución que obligaría a las empresas a remitir a Hacienda información en tiempo casi real de las facturas emitidas y recibidas. El proyecto, bautizado como SII (Suministro Inmediato de Información), debía entrar en vigor en enero de 2017 y estaba llamado a ser el cambio en la gestión del IVA más importante desde que se introdujo el impuesto en 1986. Sin embargo, el retraso en la aprobación del decreto de desarrollo de la medida y la cita electoral han dejado en el limbo esta iniciativa.

La Agencia Tributaria ha trabajado más de dos años en el proyecto SII (Suministro Inmediato de Información), que publicitó desde octubre de 2014 para que las empresas estuvieran preparadas cuando en enero de 2017 entrara en vigor. Sin embargo, ese plazo no se cumplirá. El borrador de real decreto que desarrollaba la obligación para las empresas de informar del IVA en tiempo real se publicó en julio de 2015, pero no llegó a aprobarse antes de la celebración de las elecciones generales.

Todo ello ha quedado paralizado y dependerá de la voluntad del futuro Gobierno que el Suministro Inmediato de Información acabe ejecutándose. En cualquier caso, incluso si el nuevo equipo de Hacienda mantiene el proyecto, la entrada en vigor deberá retrasarse para dar margen a las empresas a adaptarse a la nueva obligación.

Ello es así porque la medida supone un cambio drástico en la gestión del IVA y obliga a las empresas a modificar sus sistemas informáticos y adaptar los software para remitir tal volumen de información. Los libros registro de IVA se gestionarían directamente desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el caso de que entrará en vigor, Hacienda contaría con un volumen inmenso de información para cruzar datos que le permitiría ejercer un mayor control sobre los contribuyentes y perfeccionar la lucha contra el fraude.

Según las estimaciones de Hacienda, la obligación de remitir información del IVA en tiempo real debería afectar a grandes empresas, grupos societarios y compañías adscritas al régimen de devolución mensual. En total, unas 62.000 compañías. Si bien el número puede parecer menor –en España hay tres millones de empresas–, las sociedades afectadas intervienen en el 85% de la facturación de IVA. Ello da idea de la relevancia del proyecto fiscal que ha quedado suspendido temporalmente.